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El gobierno federal al presentar el marco macroeconómico del que dependen sus estimaciones y presupuestos para 2025, está cayendo en un optimismo que puede ser contraproducente. La realidad que se refleja en la información publicada no acompaña las perspectivas oficiales. Es relevante tener presente que el próximo año será más complicado de lo que se bosqueja.

A más tardar el 15 de noviembre se presentará el paquete económico que contiene los presupuestos de ingresos y egresos para 2025. Su integración implica el desafío de aliviar las presiones que el déficit fiscal y la costosa deuda pública generan sobre la salud de las finanzas públicas, al tiempo que se mantienen los gastos comprometidos en programas sociales y en inversiones de infraestructura, todo sin aumentar impuestos.

El entorno económico reciente, que ha favorecido la reducción de la tasa de interés por parte del Banco de México, representa un momento oportuno para que las empresas evalúen su situación de deuda y reformulen sus estrategias de endeudamiento, especialmente en el caso de deudas con tasas variables. Otro factor a considerar es el comportamiento del tipo de cambio, particularmente ante la depreciación del peso en los últimos meses.

El nuevo gobierno debe asumir como prioridad incentivar el crecimiento económico que se ha debilitado, si desea dar continuidad a las políticas de gasto social e inversión en infraestructura. Curiosamente, el primer paso lo ha dado un organismo autónomo: el Banco de México, a través de su política monetaria. Sin embargo, esto no será suficiente; se requieren políticas gubernamentales de amplio alcance, las cuales deben presentarse y aplicarse lo antes posible.

El paquete económico 2025 de la Secretaría de Hacienda busca reducir el déficit fiscal del 5% del PIB mediante recortes al gasto no comprometido, como operativos e inversión pública, salvo proyectos estratégicos. Esto responde al aumento del gasto social, eje de la estrategia gubernamental. Sin embargo, su financiamiento depende de supuestos de crecimiento poco realistas y mayor deuda, lo que podría complicar los resultados.

Las elecciones en EE. UU. son clave a nivel global, no solo por su impacto económico, sino también por la división social que dejarán. Resolver los conflictos y lograr la reunificación será la principal prioridad para el nuevo gobierno. Para México, surgirán oportunidades para fortalecer su relación con su principal socio y vecino, con quien comparte retos y beneficios.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, ha lanzado una estrategia para impulsar las exportaciones y aumentar el contenido nacional, sustituyendo insumos importados de Asia. El mayor reto es coordinar eficazmente con el sector privado, un propósito que no se ha logrado en intentos anteriores.

La economía mexicana transita por una senda de debilidad que se ha acentuado en el último año. El horizonte no es prometedor, a juzgar por la incertidumbre y desconfianza que están generando las reformas constitucionales, empezando por la transformación que sufrirá el poder judicial. Los inversionistas están cautelosos y México podría perder el buen ritmo que llevaba, más aún si el nuevo gobierno no ofrece señales positivas.

esentado su estrategia para el sector eléctrico nacional, un plan que busca atender la creciente demanda hacia 2030 mediante un modelo de generación liderado por la CFE. Sin embargo, las estimaciones parecen conservadoras, los recursos insuficientes y las políticas desalientan la inversión privada, lo que pone en duda el cumplimiento de las metas y objetivos, especialmente frente a una demanda que probablemente superará las proyecciones.

Inicialmente, el desempeño económico de México en 2024 se vislumbraba con optimismo, con proyecciones de recuperación a niveles prepandemia. Sin embargo, la realidad ha mostrado que el entorno político, en el que el nuevo gobierno ha contribuido, también puede generar incertidumbre y desconfianza, reduciendo las expectativas. Todo indica que 2025 podría enfrentar un panorama similar.

El nuevo gobierno inició, y como se esperaba, dejó claro que habrá continuidad en lo referente al gasto en programas sociales y en obra pública. Sin embargo, lo que no quedó claro es cómo se financiará el gasto creciente, dada la necesidad de reducir el déficit público. Donde no habrá continuidad es en la política energética basada en hidrocarburos, ya que se buscará incrementar el uso de energías limpias.

México se ha posicionado entre los 10 principales receptores de IED a nivel mundial, aprovechando sus ventajas y el entorno internacional. Sin embargo, las circunstancias políticas internas han generado incertidumbre entre los inversionistas, quienes ahora dudan en concretar sus proyectos anunciados, debido a la inseguridad jurídica percibida por las reformas legales que afectan el Estado de Derecho.